Historia

 

Durante los últimos dos milenios, el área que hoy ocupa Bélgica ha experimentado significativos cambios demográficos, políticos y culturales. El primer movimiento de población bien documentado fue la conquista de la región por la República Romana en el siglo I a. C., seguida en el siglo V por los francos germánicos. Éstos establecieron el Reino Merovingio, que pasó a ser el Imperio carolingio en el siglo VIII. Durante la Edad Media, los Países Bajos estaban fragmentados en pequeños estados feudales. La mayor parte de ellos se unió durante los siglos XIV y XV con la casa de Borgoña, formando los Países Bajos borgoñones. Estos estados ganaron el estatuto de autonomía en el siglo XV y fueron conocidos desde entonces como las Diecisiete Provincias.

 

La historia de Bélgica se puede distinguir de la de los Países Bajos desde el siglo XVI. La Guerra de los Ochenta Años (1568-1648) provocó la división de las Diecisiete Provincias en las Provincias Unidas al norte y los Países Bajos del Sur al sur. Las provincias del sur fueron gobernadas sucesivamente por los Habsburgo españoles y austriacos.

 

Hasta la independencia de Bélgica, los Países Bajos del Sur eran un territorio muy codiciado por los conquistadores, y eran el telón de fondo de la mayor parte de las guerras franco-españolas y franco-austriacas durante los siglos XVII y XVIII. Tras las Campañas de 1794 de las Guerras Revolucionarias Francesas, los Países Bajos —que incluían territorios que nunca habían estado bajo dominio de los Habsburgo, como el Obispado de Lieja— fueron invadidos por Francia, terminando con el mando español y austriaco en la región. La reunificación de los Países Bajos como Reino Unido de los Países Bajos tuvo lugar a finales del Imperio Francés, en 1815.

 

El triunfo de la Revolución belga de 1830 para independizarse de Holanda se decidió en la capital, Bruselas, en las llamadas Cuatro Jornadas de Bruselas, bajo un Gobierno Provisional cuyo miembro más influyente era Charles Rogier, y con la dirección militar, como Comandante en Jefe, del exiliado español Juan Van Halen. La breve contienda llevó al establecimiento de una Bélgica independiente, católica y neutral, bajo un gobierno provisional.

 

Desde la instauración de Leopoldo I como rey en 1831, Bélgica ha sido una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. Entre la independencia y la II Guerra Mundial, el sistema democrático evolucionó de una oligarquía caracterizada por dos partidos principales, los católicos y los liberales, a un sistema de sufragio universal que ha incluido un tercero, el Partido Laborista, y un papel fuerte para los sindicatos. En sus orígenes, el francés, que era la lengua de la nobleza y la burguesía, era la lengua oficial. Desde entonces, el país ha desarrollado un sistema bilingüe en neerlandés y francés.

 

En la Conferencia de Berlín de 1885 se acordó entregarle el Congo al Rey Leopoldo II como posesión privada, llamada Estado Libre del Congo. En 1908, se cedió a Bélgica como colonia, pasándose a llamar Congo Belga. La neutralidad de Bélgica se quebrantó en 1914, cuando Alemania invadió Bélgica como parte del Plan Schlieffen. Las antiguas colonias alemanas de Ruanda-Urundi —que ahora son Ruanda y Burundi— fueron ocupadas por el Congo Belga en 1916. La Sociedad de Naciones las transfirió a Bélgica en 1924. Bélgica fue invadida de nuevo por Alemania en 1940, durante la Blitzkrieg. Estuvo ocupada hasta el invierno de 1944-45, en que fue liberada por las tropas Aliadas. El Congo Belga accedió a la independencia en 1960, durante la Crisis del Congo, mientras que Ruanda-Urundi se independizó en 1962.

Durante el siglo XX, y especialmente desde la II Guerra Mundial, la historia de Bélgica ha estado dominada cada vez más por la autonomía de sus dos comunidades principales. Este periodo ha visto un aumento en las tensiones Inter-comunales, y la unión del estado belga se ha puesto a examen. Mediante reformas constitucionales en los años 70 y 80, la regionalización del estado unitario condujo al establecimiento de un sistema federal estructurado en tres niveles, a la creación de comunidades lingüísticas y de gobiernos regionales y a la ratificación de un acuerdo concebido para minimizar las tensiones lingüísticas. Hoy en día, estas entidades federadas sostienen más poder legislativo que el parlamento bicameral nacional, mientras que el gobierno nacional aún controla casi toda la recaudación de impuestos, cerca del 80% de las finanzas de los gobiernos comunitarios y regionales, y el 100% de la seguridad social.